INDECOPI CAMBIA EL CRITERIO SOBRE EL ALANAMIENTO DE PROVEEDORES EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

Nov 20, 2026

 

Una reciente decisión de la Sala Especializada en Protección al Consumidor introduce un cambio de criterio respecto del allanamiento presentado por los proveedores en procedimientos administrativos de protección al consumidor.

La Resolución Nº 4348-2026/SPC-INDECOPI representa un cambio relevante en la interpretación del allanamiento dentro de los procedimientos de protección al consumidor. Según la información difundida sobre dicho pronunciamiento, la Sala Especializada en Protección al Consumidor estableció que el allanamiento produce efectos jurídicos desde su presentación ante la autoridad administrativa, y no desde la notificación de la resolución de primera instancia, criterio que había venido aplicándose en diversos casos anteriores.

 

CRITERIO ANTERIOR

Tradicionalmente, se entendía que el proveedor que se allanaba podía reconsiderar o retirar su posición mientras no se hubiera emitido o notificado la resolución correspondiente. En la práctica, el allanamiento facultaba a los proveedores la imposición de una amonestación y la exoneración de costos de aceurdo al criterio de la autoridad administrativa.

Con el nuevo criterio, la Sala considera que el allanamiento es una manifestación de voluntad eficaz desde su presentación, por lo que no resultaría susceptible de retractación posterior.

 

FUNDAMENTOS QUE RESPALDARÍAN LA POSICIÓN DE LA SALA

Desde una perspectiva administrativa, el criterio podría sustentarse en que:

  • El allanamiento constituye una declaración expresa y voluntaria del administrado.
  • La seguridad jurídica exige que los actos procesales produzcan efectos desde que son presentados.
  • Se evita el uso estratégico o táctico del allanamiento únicamente para obtener beneficios procesales y luego retractarse.
  • Se fortalece la economía procesal y la predictibilidad de los procedimientos.

Bajo esta lógica, una vez presentado el allanamiento, el proveedor habría definido su posición procesal frente a la imputación.

 

CUESTIONAMIENTO AL NUEVO CRITERIO

Esta decisión ha generado debate en el mundo jurídico, el debate se ha centrado en los siguientes aspectos:

  1. Naturaleza del allanamiento: Se argumenta que el allanamiento es únicamente una declaración de parte y que los verdaderos efectos jurídicos se producen cuando la autoridad administrativa la acepta y emite una decisión. Mientras ello no ocurra, la declaración no habría consolidado plenamente sus consecuencias.
  2. Aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG): Una posición crítica sostiene que, conforme a los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General, podría existir la posibilidad de desistirse de actos que aún no han generado plenamente sus efectos jurídicos.
  3. Impacto en los proveedores: Otro cuestionamiento es que muchos proveedores actuaron bajo el entendimiento previo de que podían variar su posición hasta la emisión de la resolución de primera instancia. El cambio jurisprudencial podría generar discusiones sobre la protección de la confianza legítima y la predictibilidad administrativa.
  4. Posible impacto en la jurisprudencia futura: Es probable que este criterio sea invocado por los órganos resolutivos de primera instancia y por las Comisiones de Protección al Consumidor para rechazar intentos de retractación posteriores al allanamiento.

 

Desde una visión práctica, la Resolución 4348-2026/SPC-INDECOPI endurece significativamente los efectos del allanamiento. La Sala abandona una interpretación flexible y adopta una postura según la cual el acto despliega efectos desde su sola presentación. Esto favorece la seguridad jurídica y la economía procesal, pero también plantea interrogantes sobre la posibilidad de retractación, la confianza legítima de los administrados y la compatibilidad de este criterio con los principios generales del procedimiento administrativo.

Para la defensa de proveedores en procedimientos de Indecopi, la principal consecuencia es clara: allanarse ya no debe considerarse una decisión provisional, sino una toma de posición procesal con efectos inmediatos.

 

Autor:

Kimberly Vilca Flores

Abogada especialista en Protección y Defensa del Consumidor

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